Al contrario de lo que dice el kirchnerismo, los «formadores de precios» no mejoran su rentabilidad. Los balances dan bien gracias al atraso cambiario.
Amedida que los supermercados reciben nuevos pedidos de remarcación y la inflación de recalienta, la nueva batalla de la comunicación política se trasladó a un terreno inusual: la interpretación de los balances corporativos como fuente para debatir sobre quién es responsable por el estado de la economía.
Tras la advertencia de Cristina Kirchner sobre las ganancias empresariales en aumento -y su rol como villana de una «inflación por oferta» que impacta en la suba de la indigencia-, en el kirchnerismo se dio por iniciada una ofensiva política que tiene como a los balances como «prueba de culpa».
El argumento es que los márgenes de rentabilidad, sobre todo en el caso de las grandes empresas alimenticias, son la demostración de que las fabricantes están remarcando los precios en una proporción mayor al incremento de sus costos, y que de esa manera generan una inflación de la que ellas se benefician.
Con esa premisa, los reclamos políticos y sindicales de las últimas semanas apuntan a que en esos márgenes de rentabilidad está la clave para mejorar los salarios sin que se genere un agravamiento de la inflación.
Pero se trata de un argumento que tiene un problema: las empresas, lejos de aceptar un aumento en sus ganancias, señalan una disminución de los márgenes operativos, y en algunos casos hasta con una pérdida.
Así, en contradicción con la imagen del abuso de los «formadores de precios», se dan casos como el de Molinos, que informó una disminución de 30% en los resultados operativos del primer semestre.
Balances en azul, pero las empresas se quejan
Las contradicciones entre las versiones empresariales y las del sector político son de tal magnitud que pueden llevar a la confusión. Por caso, una encuesta realizada por la consultora EY y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas entre 70 empresas líderes revela que las empresas prevén una menor rentabilidad y una desaceleración de las inversiones para el año próximo.
Cuando se les pregunta por la rentabilidad de este año, un 59% señala que permaneció estable o empeoró. Y ante la perspectiva del 2023, apenas un 30% ve posibilidades de mejorar los márgenes, mientras un 32% cree que disminuirán y un 38% espera que se mantengan incambiados.
Sólo una minoría de 41% prevé aumentar su nivel de inversión. Y entre las que están concretando inversiones, una amplia mayoría está apelando a sus recursos propios, a sus proveedores o al auxilio de la casa matriz.
Sin embargo, hay indicadores que contradicen esa visión. Por ejemplo, la administradora de fondos Mega QM estimó que, para las primeras 14 compañías cotizantes del Merval -exceptuando los bancos-, los márgenes van en aumento. Medida como retorno sobre activos, la rentabilidad de este año llega a 7,1%, un nivel que no sólo sobrepasa al 5,1% del año pasado, sino que también se ubica por encima del período pre-pandemia, dado que en 2019 se ubicaba en 4,3%.
Por su parte, el Centro de Economía Política (CEPA) -dirigido por Hernán Letcher, el candidato de Cristina para conducir la Secretaría de Comercio- emitió un informe que ha sido profusamente citado en medios afines al Gobierno para fundar la culpa empresarial en el proceso inflacionario.
El informe tomó a empresas grandes de varios rubros, entre las que se incluyen Aluar, Molinos, Arcor, La Anónima, Clarín, Ternium Siderar y Pan American Energy. Y establece un comparativo entre los balances de este año y los de 2021, con las cifras expresadas en dólares, convertidas al cambio oficial.
Así apunta, por ejemplo, que Arcor tuvo en el primer semestre una facturación -es decir, ventas brutas- que superan en 18,6% el nivel del año pasado. O que la cadena supermercadista La Anónima incrementó su resultado operativo un 249%.
Lo cierto es que los números distan de reflejan una situación homogénea, porque mientras hay empresas cuya rentabilidad sobre ventas creció fuerte, como Aluar -que tuvo un margen de 24,5%, mientras el año pasado había tenido un 9%- otras vieron una disminución. Por ejemplo, Molinos tuvo un retorno de 7,1% mientras el balance del año anterior había dejado un 10,3%.
¿Para celebrar o para preocuparse?
En todo caso, el debate político se centra en cómo deben ser tomados estos resultados. Básicamente, si una mejora en los números corporativos debe ser un motivo de festejo o de preocupación.
Y se da una situación curiosa: en el recesivo 2019, uno de los peores años para las empresas de consumo masivo, la entonces oposición peronista esgrimía los balances en rojo como prueba de la crisis a la que había conducido la gestión macrista.
En aquel momento, había alimenticias que por primera vez en su historia presentaban un balance con pérdidas, y alegaban que no podían trasladar a precios el incremento de sus costos, cuando en el mercado la demanda por sus principales productos se desplomaba un 50%.
La promesa del peronismo, en ese momento, había sido sacar al país de la recesión y que las empresas volvieran a tener balances en azul. Sin embargo, tres años después las ganancias no son celebradas sino miradas con desconfianza.
Y también éste fue un tema que alimentó la fisura interna en la coalición gubernamental. Ya a comienzos de año, cuando se hacían oír las primeras críticas del kirchnerismo por la evolución desigual del salario y los ingresos de las empresas, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, daba su argumentación. Afirmaba que, así como en los momentos de crisis los márgenes de rentabilidad caen más que los salarios, también forma parte de la lógica económica que en los períodos de rebote de la economía, esos márgenes se recuperen más rápido.
Evidentemente, fue un argumento que no hizo mella en el kirchnerismo, que centró su estrategia en acusar a los «formadores de precios» y terminó empujando la renuncia de Kulfas.
Pero ahora en el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, también ha aparecido una explicación sobre la rentabilidad empresaria. En una clara respuesta a Cristina Kirchner, el viceministro Gabriel Rubinstein argumentó que las rentabilidades de este momento son inusualmente altas, pero que eso «no es culpa de las empresas» sino que obedece a la propia situación de la economía.
Más concretamente, Rubinstein cree que esos números reflejan el agrandamiento de la brecha cambiaria, que obliga a las compañías a una mayor caja para hacer frente a las distorsiones financieras de la economía.
Tampoco esa explicación parece haber cambiado el humor en el kirchnerismo, donde se reclama una intervención que achique los márgenes de empresas que, al decir de los medios afines, «se la llevan en pala».
Al final, ¿quién tiene razón?
Pero, ¿cuál es entonces la situación real? ¿Las empresas están ganando como nunca, como acusan desde el kirchnerismo, o son las primeras en sufrir los efectos de la inflación, como afirman los informes de los balances?
Es un interrogante que, para ser respondido requiere de un análisis con cierta profundidad sobre los balances. La realidad, según muestran las cifras, sobre todo en las compañías de la industria alimenticia y del supermercadismo, es que la operatoria está más complicada, incluso con resultados de pérdida en algunos casos.
Ocurre que, al tratarse de balances consolidados, pueden sumar varios rubros de actividad, con lo cual los rubros rentables compensan la pérdida que genera la venta en el mercado interno. Es lo que se ve en el balance de La Anónima, en el que la actividad supermercadista propiamente dicha generó una pérdida operativa por $1.866 millones, pero que fue atenuada por la rama frigorífica, una tarjeta de crédito propia y un sector de inversión inmobiliaria.
En otros casos, lo que influyó en el resultado positivo de los balances fue las ventas de activos, que trajeron una mejora en la caja. Un caso claro de este punto es el de Molinos, que hace dos años tuvo que desprenderse de su sede administrativa en Victoria, para obtener u$s20 millones con los que reforzar su caja.
El atraso cambiario, un factor clave
Pero, sobre todo, lo que está influyendo en este momento es una situación creada por el propio Gobierno: el retraso cambiario. En los balances, este fenómeno se denomina con el nombre de «Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda».
Como la tasa devaluatoria corre de atrás al índice inflacionario, esto generó un efecto de ganancia cambiaria: las empresas que tienen deudas en dólares ven «licuarse» sus obligaciones.
De hecho, ese es el principal motivo por el que muchas compañías que tiene pérdida o ganancias reducidas en su actividad principal finalmente terminan dando un balance con números positivos.
Así lo explica un director de una de las principales firmas de auditoría y consultoría de finanzas corporativas: «Las empresas tienen dos tipos de activos y pasivos. Por un lado están los monetarios, como la caja, que está totalmente expuesta a la inflación, mientras que los no monetarios, como los bienes de uso, ajustan su valor por inflación. Y con los pasivos ocurre lo mismo: una deuda en dólares es un pasivo monetario, y si varía por debajo de la inflación, entonces la empresa redujo un costo».
En contextos de alta inflación como el actual, la clave para las empresas está en el manejo de la caja, más que en el volumen de ventas. Las gerencias financieras tratan de no quedarse con pesos encima para evitar las pérdidas de valor, y esa liquidez se dirige a activos que se valoricen al mismo ritmo que la inflación.
Arcor, que acusó una disminución en sus márgenes operativos, fue explícita al atribuir el resultado final de su balance a la disminución del peso financiero en el negocio.
«La aceleración de la inflación por sobre la devaluación de la moneda, ocasiona en los estados financieros el reconocimiento de una ganancia por diferencia de cambio y resultado por posición monetaria neta», afirmó la alimenticia cordobesa Arcor en su nota a la Comisión Nacional de Valores.
La revancha de Guzmán
Y lo más irónico de la situación es que no solamente se trata de algo generado por la propia política cambiaria oficial, sino que el ex ministro Martín Guzmán había advertido en 2020 que esto iba a ocurrir. Lo reveló cuando se produjo la polémica con Cristina Kirchner por la pérdida de reservas que implicaba el pago de deudas dolarizadas de las empresas.
Guzmán contó que él quería venderles a los empresarios endeudados un dólar más caro que el oficial, pero se impuso la visión de Miguel Pesce, que consistió en una reestructuración para las empresas que tuvieran vencimientos mayores a u$s1 millón mensual. La medida imponía un tope de 40% para cancelar, mientras el restante 60% se refinanciaba a un plazo promedio de dos años.
«Era tan grande el problema que hubo mucha salida de dólares. Sabíamos que iban a tomar esa deuda y que las empresas se iban a capitalizar para más capacidad productiva a costa de menos reservas. Pero se decidió ir por ahí», decía Guzmán, a modo de contraataque hacia el kirchnerismo, que lo criticaba por ser excesivamente blando.
Fuente:Iprofesional
