La mayoría de los encuestados acuerda que en 2020 el marco fiscal los llevó a la desinversión y el 87 % cree que la presión impositiva seguirá creciendo.
Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto con mayor impacto negativo en la formación de costos y precios de las empresas, señala la encuesta de Impuestos 2020-2021 de KPMG Argentina, que fue respondida por directores financieros y especialistas impositivos de empresas de todo el país.
La muestra se hizo en enero y fue respondida por 70 Chief Financial Officer (CFO) y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país.
En el estudio del año pasado, con foco en el año 2019, este tributo fue el más votado (50 % de los encuestados); y en 2020 este valor subió al 66 % reflejando la creciente importancia del tema en las empresas.
Esta respuesta se complementa con la pregunta relacionada con las perspectivas futuras, en la que los encuestados manifiestan su escepticismo por la continuidad de las rebajas graduales del impuesto sobre los Ingresos Brutos planteadas en el Consenso Fiscal, cuya aplicación hoy está suspendida hasta el año 2022. En este sentido, el 98 % descree de que esas rebajas vuelvan a tener vigencia cuando termine la suspensión.
El documento señala que «de la opinión de la mayoría de los encuestados se observa que el marco fiscal argentino incidió hacia la desinversión de sus negocios habituales durante el 2020. Un alto porcentaje (43 %) se vio afectado de manera neutra, mientras que un 5 % manifestó que ante el marco fiscal 2020 experimentó algún tipo de expansión de sus negocios.
Por otra parte, esta retracción significativa en la inversión que surge de la mayoría de las opiniones tuvo su correlato en la involución de la recaudación fiscal durante el año y en las caídas registradas en el PBI». Otro aspecto de la muestra es que «en la misma línea que en las opiniones captadas en las encuestas hechas en el año 2019 y en el 2020, casi la totalidad de los encuestados considera que el sistema tributario no es funcional para bajar la informalidad económica. El tenor de estas opiniones se mantiene constante en las encuestas realizadas en los últimos años, pese a existir constantes reformas tributarias año a año «, indica.
Los datos más destacados
El 66% de los encuestados dice que el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el que más incide en la determinación de los precios de sus productos y servicios.
En ese sentido, el 52% afirma que tuvo que desinvertir debido al marco fiscal argentino del 2020. Buenos Aires, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las provincias más caras impositivamente en la determinación de los precios de sus productos y servicios.
El 73% de los consultados manifiestó que pudo cumplir en tiempo y forma con los pagos de los vencimientos impositivos. Mientras que un 66% dijo que no utilizó programas nacionales como, por ejemplo, el de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) u otros similares.
Sobre las perspectivas de Presión Fiscal el 87 % sostuvo que en 2021 aumentará. El 56 % expresa que mantendrá las inversiones para este año y solo el 5 % que las aumentará.
Un 97% de las personas consultadas admite que el actual sistema tributario no es funcional a disminuir la informalidad económica del país.
El 98% no cree que en 2022 se reanuden los compromisos de rebaja fiscal acordados en el Consenso Fiscal firmado a fines del 2017 entre las Povincias y el Estado Nacional, y que quedó suspendido hasta 2022.
Por otra parte, el 97 % de los encuestados manifiesta no advertir suficientes esfuerzos o interés por parte de las provincias para atraer inversiones a sus territorios; y se señala a Mendoza como la jurisdicción que plantea algún instrumento de incentivo.
Otro dato relevante del estudio señala que el 61% considera potencialmente exitoso en materia de recaudación el establecimiento de regímenes de Moratorias Impositivas en el ámbito provincial con beneficios de quitas, intereses y multas.
«Este año la encuesta tiene un especial valor porque sus respuestas están incididas por un año excepcional, fuertemente impactado por la crisis sanitaria global del COVID-19 y por las consecuencias económicas de las medidas de distanciamiento. En ese contexto, los temas impositivos vuelven a tener un gran protagonismo en la agenda política y económica durante este 2021. La encuesta evidencia una mirada en general crítica del marco fiscal actual como factor de desaliento de la inversión y una perspectiva uniformemente escéptica que esto vaya a revertirse en el año 2021», señaló Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina.
Consenso fiscal 2021
El Senado dio media sanción el miércoles pasado al proyecto de ley, enviado por el Gobierno, que ratifica el Consenso Fiscal 2021. La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, fue votada por 49 votos a favor y 15 en contra.
A la hora de la votación, Juntos por el Cambio se dividió: al oficialismo lo acompañaron el fueguino Pablo Blanco; el correntino Pedro Braillard Poccard; los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo; el riojano Julio Martínez y la entrerriana Stella Maris Olalla.
En tanto, por el interbloque Parlamentario Federal, la riojana Clara Vega fue la única que votó a favor. También acompañaron al Frente de Todos los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El acuerdo fue suscripto el 4 de diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto Sergio Ziliotto (La Pampa) como Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no firmaron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí expresaron esta vez su apoyo. La otra excepción fue la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Puntos centrales
El Consenso Fiscal 2021 fue firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.
Como consecuencia del impacto económico generado por la pandemia, Nación y las provincias aseguraron que «necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población».
Dentro de los compromisos comunes asumidos, el Consenso Fiscal prevé «la reafirmación de que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos» previsto en la Ley de Coparticipación (N° 23.548), sino que será por la vía presupuestaria.
Por otra parte, en el documento se estipuló suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliarios, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos.
De igual forma, se introdujeron modificaciones tendientes a «homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea el caso, otorgan en el impuesto automotor, con el fin de eliminar distorsiones en la carga tributaria basadas en el lugar de radicación, así como mejorar el índice de cobrabilidad del mismo».
También se pactó la definición de «una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias» que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, manteniendo como eje la sostenibilidad de sus deudas.
En esa línea, se acordó que a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha, previéndose ciertas operaciones de manera excepcional.
Asimismo, «que las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020».
Por último, «en un marco de resolución de conflictos concertado y, considerando imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 2021 ‘postpandemia’ en el cual la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública, se acordó poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal».
Fuente: iProfesional
