Nuevos tributos para personas jurídicas, más reglas para prevención de fraude, exigencias de AFIP y conflicto con los bancos marcan el escenario fintech.
Este lunes fue el primer día hábil de agosto y esto implicó que entraran las nuevas medidas de seguridad que deberán tomar los PSPs para prevenir engaños a los usuarios de los servicios financieros establecidas por el BCRA a través de la Comunicación «A» 7328 y las normas fijadas por el decreto 301/2021, a través del cual se dispuso, entre otras medidas, que las personas jurídicas pagarán, desde el 1° de agosto, la alícuota del 1,2% correspondiente al impuesto a los débitos y créditos por los movimientos que realicen en sus cuentas virtuales y, a la vez, amplió las exenciones a monotributistas en el gravamen mencionado.
Ambas normativas están alineadas con el objetivo del Gobierno de avanzar hacia una regulación más equitativa para el sector fintech que «enderece la cancha» para la competencia con los bancos. Y, si bien eran esperadas, las dos han generado críticas en el sector.
Un impuesto distorsivo según el sector
El objetivo del decreto mencionado, según consta en sus fundamentos, es que las cuentas no bancarias tengan el mismo tratamiento impositivo que las bancarias para lograr «mayor progresividad y equidad, ya que existían en este segmento asimetrías concretas tributarias».
No fue muy bienvenido en la industria fintech y la principal crítica que hacen es a la naturaleza en misma del tributo. «El impuesto a los débitos y créditos es claramente distorsivo. Y creo que ese es el debate mayor: el planteo sobre si Argentina tiene que tener un gravamen como éste o no», advierte en Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos de KPMG Argentina.
En igual sentido, un empresario del sector fintech se queja de que «cualquier impuesto que desaliente el uso de pagos digitales incentiva el uso de efectivo y eso es sinónimo de informalidad y menos recaudación, por lo que no es positivo para el desarrollo de la economía argentina».
Así, indica que «los medios de pago electrónicos son más eficientes para el consumidor y ayudan a la formalización de la economía» y, aunque considera que es justo que los PSP estén equiparados en algunas condiciones impositivas con los bancos dice que «el timing pareciera no ser el mejor porque la informalidad continúa alta».
Sucede que, en un inicio, la exención de este impuesto para la industria fintech se implementó a partir de 2018 con el fin de incentivar una mayor inclusión financiera. Ahora, la medida llega a su fin y las reglas de juego son otras y, aunque hay reclamos, la norma es aceptada, pero con críticas sobre el «timing».
Las nuevas medidas de seguridad trajeron polémica
En el caso de las regulaciones nuevas del Central, cabe recordar que las medidas que refuerzan la protección antifraude de los usuarios fueron motivadas por algunos fraudes que ocurrieron en el último tiempo, que sirvieron de alerta sobre la necesidad de trabajar para mejorar la seguridad digital. Asimismo, recientemente, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal reportó que las denuncias por estafas bancarias crecieron en un 3.000% en la Argentina durante 2020.
A luz de estos antecedentes, el Banco Central estableció que, a partir de este mes, las aplicaciones que ofrezcan servicios de billeteras virtuales deberán cumplir con lo siguiente:
- Verificar la identidad de las personas que requieren la apertura de una cuenta de pago, observando las disposiciones para entidades financieras.
- Sólo permitir asociar a las billeteras digitales aquellos instrumentos de pago o cuentas que pertenezcan al titular de la cuenta.
- Tendrán que arbitrar mecanismos de identificación y autenticación del usuario «fuertes» para acceder a la billetera. El cumplimiento de estos requisitos debe ser trazable y auditable.
Según indicó a iProfesional el Marcos Blanco, asociado del área de Tecnologías de la Información y Privacidad (TIP) del estudio MHR Abogados, «en cuanto las disposiciones referidas a la verificación y autenticación del usuario para la apertura y acceso a la cuenta, la norma sólo confirma en gran medida los estándares de exigencia adoptados por los principales jugadores del mercado».
Sin embargo, un punto que trae dolores de cabeza a algunos actores del sector fintech es la prohibición de que los clientes utilicen una tarjeta o cuenta bancaria que no coincida con los datos de su cuenta en la empresa puede generar rispideces. Sucede que algunos PSPs, entre los que se encuentra MercadoPago, permiten asociar una tarjeta o cuenta perteneciente a otro titular a un usuario.
Blanco explica que «la medida fue ideada para evitar que se utilicen datos de terceros que pueden ser obtenidos por medio de fraude o engaño», sin embargo, una fuente del sector Fintech alerta que «parece un exceso de seguridad» y asegura que, desde la industria, las empresas pueden refutar la necesidad de esta exigencia con conocimiento de causa y pruebas más que suficientes.
Más regulación y tensión a futuro
Cabe recordar, además, que hace 15 días la AFIP dispuso incorporar las billeteras virtuales al régimen de información previsto para las transacciones de activos efectuadas mediante herramientas y/o aplicaciones informáticas a través de la Resolución General 5029.
Es otra medida busca equiparar el tratamiento impositivo de las cuentas bancarias y no bancarias, que entrará en vigencia a fines de agosto.
Si bien estas normas no toman por sorpresa al sector, dado que hace años se venía conversando la equiparación de tratamiento impositivo para los medios de pago tradicionales bancarios y los digitales provistos por los PSPs y las nuevas medidas de seguridad se anunciaron hace meses, desde el sector miran con atención los movimientos a futuro que dará el regulador financiero.
«La equiparación como tal no existe, sino que son complementarios ambos sectores para mí. En este caso, lo que se iguala son las condiciones de los sistemas de pago, pero no otras áreas de negocios», comenta Quiroga Lafargue.
Y opina que «sería injusto darle a la industria fintech la misma carga regulatoria que a los bancos, porque hablamos de megaestructuras contra otras pequeñas en las que, a veces son emprendedores a los que les cuesta mucho cumplir con todas las normativas nacionales y provinciales vigentes».
Además, las normas entran en vigencia justo en un momento en que la relación entre banca y fintech está especialmente tensa luego de que, «con el fin de fortalecer la prevención de los fraudes y estafas realizados a través de los canales electrónicos», ABA y Adeba, dos cámaras de bancos privados, le pidieran al Banco Central mayores controles y regulaciones para las fintech y sus cuentas, así como la eliminación a los topes existentes para hacer transferencias entre cuentas bancarias y virtuales y la facultad de decidir cuánto dinero pueden transferir a cada cliente. Las fintech pusieron el grito en el cielo y reclamaron a los bancos que se atrevan a competir.
Lo cierto es que el conflicto luego se enfrió un poco, pero la saga promete no quedarse allí y es esperable que traiga nuevos episodios en los próximos meses.
Fuente: iProfesional
