El piso estipulado para pagar el impuesto a las Ganancias representan 15 salarios mínimos. Por qué más trabajadores podrán pagarlo en los próximos meses
El Gobierno nacional anunció confirmó un aumento del 30% en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMNV), que en febrero alcanzará los $180.000 y en marzo, $202.800, una medida que para un sector del sindicalismo es «criminal e inaceptable» en un contexto de alta inflación.
La decisión gubernamental se conoció días después de que fracasara la reunión del Consejo del Salario, donde las centrales obreras habían reclamado una suba del 85% que llevara el salario mínimo a $288.600 en marzo.
«No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por la discusión del Salario, Mínimo, Vital y Móvil. El Gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para febrero en $180.000 y en marzo, en $202.800 «, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.
Cómo impacta el aumento del SMNV en Ganancias
La decisión del Gobierno de incrementar el Salario Mínimo Vital y Móvil en febrero repercutirá en quienes pagan el impuesto a las Ganancias. Es que, según lo estipula la ley, el piso salarial de Ganancias es de 15 SMVM a los valores vigentes entre el 1 de enero y el 1 de julio.
Pero como el Gobierno no actualizó el Salario Mínimo en enero, se mantendrá el mismo piso que regía en diciembre: es decir, $2.340.000 (15 x $ 156.000). Sería modificado recién en julio, por lo que –por efecto de la inflación- muchos trabajadores podrán ser alcanzados por este tributo durante los próximos seis meses.
«Este mínimo no imponible se mantendrá inalterado hasta la próxima actualización en julio de 2024. Dejando de lado que desde el punto de vista tributario, no fue razonable la reforma del impuesto a las ganancias para empleados que se realizó, la falta de actualización del MNI en línea con la inflación podría tener consecuencias significativas», señaló el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
«Con una inflación tan alta en los últimos meses, muchos empleados pronto podrían comenzar a tributar el impuesto a las ganancias», subrayó al respecto.
La normativa vigente fue aplicada por Sergio Massa a fines de 2023. Si bien la idea del actual Gobierno fue modificar el régimen (incluso envió un proyecto de ley al Congreso), la iniciativa por ahora no prosperó y se mantiene el mínimo no imponible del año pasado.
El rechazo de los gremios
El incremento del SMVM había sido adelantado el lunes por la noche por el ministro de Economía Luis Caputo durante una entrevista televisiva. Se trata «sólo un valor de referencia» porque no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas, sostuvo el funcionario.
Luego de la confirmación por parte de Adorni, el arco sindical rechazó la medida del Gobierno. «Los juegos del hambre. Esta es la puntada final de la maniobra concertada entre el Gobierno y los empresarios para hundir el Salario Mínimo, Vital y Móvil debajo de la línea de indigencia. Absolutamente criminal e inaceptable», opinó, por medio de un mensaje en su cuenta personal de la red social X, el diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria), que también es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El Consejo del Salario, que integran representantes del Gobierno nacional, las cámaras empresarias y las centrales sindicales CGT y CTA, se había reunido el jueves pasado, pero tras más de cuatro horas y dos cuartos intermedios, no alcanzaron un acuerdo acerca del aumento que debía aplicarse al Salario Mínimo.
Al finalizar el encuentro, la CGT denunció que el Gobierno había hecho «fracasar la reunión» con el «único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo».
En un comunicado, la CGT indicó que -junto a las dos CTA- había llevado como propuesta al Consejo «un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero», lo que fijaba una base salarial en $288.600.
Las cámaras empresarias rechazaron ese nivel del incremento, indicó la CGT, que, sin embargo, no responsabilizó al sector empresario del desacuerdo sino al Gobierno, porque «evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad».
«La irresponsabilidad social puesta de manifiesto por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos», afirmó el documento de la CGT.
Por su parte, el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, había considerado lo ocurrido el jueves en el Consejo del Salario como «una ruptura histórica» de una instancia de negociación «que siempre ha sido un instrumento que permitió el diálogo tripartito».
Fuente: iprofesional
