Ley de Modernización Laboral. La UIA solicita autorización a intervenir como tercero en la cautelar

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha solicitado intervenir como tercero voluntario en la cautelar que suspende artículos de la Ley de Modernización Laboral 27.802 iniciada por la CGT.

La organización busca defender los intereses del sector empresarial, argumentando que la suspensión cautelar de esta normativa genera incertidumbre jurídica y afecta directamente la competitividad productiva.

En su apelación, la UIA sostiene que la ley es plenamente constitucional y que las medidas judiciales en su contra vulneran la división de poderes al interferir con facultades del Congreso.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES:

La presunción de constitucionalidad de los actos del Congreso y el carácter excepcional y restrictivo del control judicial.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional como programa constitucional dinámico. El margen de configuración legislativa en materia laboral.
El principio de progresividad y no regresividad. Su correcto alcance constitucional e internacional. La regresividad prohibida no equivale a cualquier modificación normativa.
Dentro de este inciso, se desprenden los siguientes puntos específicos de la jurisprudencia:
- (i) La obligación de realización progresiva es graduable y admite retrocesos justificados en razones de política económica o social fundadas y proporcionadas.
- (ii) La regresividad prohibida es la injustificada, arbitraria y manifiesta.
- (iii) La evaluación de regresividad debe analizar el conjunto del sistema normativo y no una norma aislada.
- (iv) La carga de la prueba de la regresividad corresponde a quien la alega.

Razonabilidad de la Ley N° 27.802 (art. 28, CN). El control de constitucionalidad no habilita al juez a sustituir al legislador en la elección de la política laboral.
Inexistencia de regresividad en los artículos cautelarmente suspendidos. La suspensión cautelar de normas legales vigentes: excepcionalidad y presupuestos no satisfechos.
El principio republicano de separación de poderes como límite al control judicial en materia de política laboral.

Además, el texto destaca la legitimación activa de la entidad para representar de manera colectiva a los empleadores del país en este conflicto.

Finalmente, se presentan diversos agravios técnicos para solicitar que se revoque la medida cautelar que paraliza la aplicación de la reforma.