Uruguay suscribió tratados y acuerdos multilaterales con miras a posibilitar y garantizar un intercambio automático de información con fines fiscales.
Al igual que la vasta mayoría de Estados alrededor del mundo y en el marco de los nuevos «estándares fiscales» internacionalmente aceptados e impulsados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Uruguay suscribió sendos tratados y acuerdos multilaterales, así como ajustó debidamente su normativa doméstica, con miras a posibilitar y garantizar un efectivo intercambio automático de informaciones a nivel internacional y con fines fiscales, señala Fernando Barrios, del Estudio uruguayo Hughes & Hughes, en su columna para el sitio Abogados.com.ar
Como ya es sabido, en el marco de estas iniciativas los datos a ser intercambiados sobre una base automática guardan relación tanto con información sobre cuentas financieras como asimismo con cierta información sobre la operativa de grupos multinacionales de empresas.
En el marco del intercambio, y de acuerdo con informaciones proporcionadas por la DGI uruguaya, para el ejercicio 2017 fueron informadas 59.668 cuentas, de las cuales 34.583 correspondían a titulares uruguayos en tanto que las restantes 25.085 a residentes fiscales de 84 jurisdicciones extranjeras, si bien casi la mitad serían residentes argentinos.
En contrapartida, y siempre sobre la base de la información proporcionada por la DGI uruguaya, se recibió información respecto de 18.585 residentes uruguayos titulares de cuentas en el extranjero, habiendo sido las jurisdicciones de Italia (4.865), España (3.631) y Reino Unido (1.583) las que más registros aportaron sobre cuentas en el exterior.
Argentina, por su parte, remitió 294 registros. En adición a todo ello, también se habría recibido información de varias jurisdicciones comprendidas en el elenco de nula o baja tributación, como ser Isla de Man (1.376), Islas Caimán (612), Bermudas (364), Islas Jersey (242), Bahamas (193), entre otras.
Tras los primeros intercambios informativos la DGI habría constatado inconsistencias entre lo declarado por una decena de contribuyentes uruguayos y las informaciones obtenidas, habiéndose ya cursado citaciones tendientes a la fiscalización del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rendimientos de capital mobiliario obtenidos en el exterior, indicó Barrios.
Fuente: iprofesional
