Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, dialogó con iProfesional sobre los próximos pasos.
Cristian Girard, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), negó la posibilidad de que en esa jurisdicción se largue una moratoria para deudas incurridas en la pandemia y para empresas de todos los tamaños, como la que está por lanzar la Nación.
El siguiente es un resumen de la entrevista que mantuvo con iProfesional:
-¿Va a haber moratoria para todas las empresas en la provincia?
-No. Por el momento no es algo que estemos impulsando desde el Ejecutivo provincial. La que sí se va a extender probablemente hasta septiembre es la moratoria vigente para pymes y para deudas hasta el 31 de diciembre de 2019. En Nación, la nueva moratoria responde a dos fallos judiciales contra la AFIP por supuesta discriminación de empresas grandes que no fueron contempladas en la moratoria pyme. Por eso la están ampliando.
-La nueva moratoria de Nación también admite incluir deudas hasta el 30 de junio…
-Para esas deudas nosotros tenemos el plan de pagos Covid, que no tiene quitas de intereses ni multas como la moratoria, pero sí 12 cuotas sin interés o 18 cuotas con un interés fijo muy bajo. Se pueden incluir todos los impuestos. Es parte del paquete que anunció el gobernador Axel Kicillof y estoy firmando la resolución de manera de implementar los sistemas y que esté operativo para fines de julio. Tiene un plazo de gracia de 60 días o hasta noviembre, según hasta cuando se extienda la emergencia sanitaria, pero quita, no.
-¿Cómo pueden las empresas recuperar lo pagado en exceso por retenciones de Ingresos Brutos?
-Estamos habilitando dos formas de recuperar saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos debidos a retenciones en exceso. Por un lado, elevamos un 50% el monto para la devolución automática vía web, de $200.000 a $300.000 de saldo acumulado. Por el otro lado, establecimos como alternativa la posibilidad de compensación para que sirvan para la cancelación de los impuestos Inmobiliario, Automotor y de Sellos. Pero estas posibilidades rigen siempre que no haya indicios de evasión. O sea, cuando se trata de alícuotas de retención mal aplicadas. Porque muchas veces la acumulación de saldos a favor es signo de subfacturación de ventas.
-¿Cómo hace ARBA para saber si hay fraude?
-Antes de devolver el saldo a favor se hace un proceso de fiscalización. En el caso de la devolución automática, se realiza un cruce de inteligencia fiscal con los datos de la AFIP sobre IVA con lo declarado en Ingresos Brutos. Pero en general el que pide la devolución de saldos pasa estos controles. Por eso pienso que los regímenes de retención están graduados de manera muy agresiva para el pequeño contribuyente y desde que asumimos, estamos tratando de reducirlos. En febrero elevamos el límite para ser agente de retención de $40 millones de facturación anual a $110 millones anuales, pero este año lo vamos a volver a subir. También estamos bajando las alícuotas de retención para los contribuyentes con facturación inferior a $1 millón y para los que tuvieron menos ventas por la pandemia y tuvieron igual más deducciones. Esta es otra manera de reducir la generación de saldos a favor en Ingresos Brutos.
-La provincia está bonificando a contribuyentes de Ingresos Brutos, pero también aumentó el desempleo, ¿va a haber beneficios en Inmobiliario y Automotor para las personas?
¬-Estamos postergando las fechas de vencimiento y las fechas en las que esos impuestos se pueden pagar sin intereses y con descuentos. Me parece que lo inteligente es esperar a fin de año para pensar en condonaciones o bonificaciones de Inmobiliario, y además, hay que hacerlo por ley. Pero ahí tendremos claro lo que pasó y veremos cómo quedó la situación de los contribuyentes.
-ARBA lanzó en junio acciones de cobro a morosos, ¿no se lesiona el derecho de defensa a raíz de las restricciones de la pandemia?
-Fue un debate interno intenso. Había fallos de la Corte Suprema de Justicia que decían que en cuestión de plazos, como los de la prescripción, corren los de las leyes nacionales. Teníamos deudas que prescribían el 30 de junio si no se accionaba, intimando a que se hiciera el descargo. Iba a perder el interés fiscal e iban a ser responsables los funcionarios. Entonces decidimos seguir con los trámites en la Justicia. Si los contribuyentes logran que los jueces lo frenen en virtud del derecho de defensa, lo acataremos. Nosotros entendemos que los plazos son los de la ley nacional.
-¿Cómo viene el ingreso a la moratoria pyme y la recaudación?
-Vienen mejorando porque salvo los municipios del conurbano bonaerense que siguen complicados por la pandemia, hay muchas regiones de la provincia que están en fase 4 y 5 del aislamiento. Al recuperarse la actividad, mejoran el cumplimiento y la recaudación de impuestos. Respecto de la moratoria, estamos en 65% de la meta que nos habíamos puesto, pero al alargarla hasta septiembre confiamos en que lograremos involucrar 15% del stock de deuda. Eso representa $3500 millones y estamos en $1800 millones con 49.000 planes. El problema de la recaudación, de todos modos, es crítico. Durante estos meses perdimos 15% de los ingresos tributarios estimados, unos $20.000 millones sobre $120.000.
Fuente: iprofesional