Hasta el 31 de agosto, inclusive, no se considerará la categoría del SIPER al momento de tramitar planes para regularizar Ganancias y Bienes Personales.
A través de su cuenta de Twitter, la AFIP adelantó que hasta el 31 de agosto, inclusive, no se considerará la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de cada persona humana al momento de tramitar planes para regularizar obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2019.
Esta medida excepcional garantiza, a todas las personas humanas que lo soliciten, la posibilidad de regularizar sus obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en hasta tres cuotas sin verse condicionadas por su perfil de riesgo, señalan desde la AFIP.
El Gobierno impulsará un nuevo blanqueo de capitales
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, admitió en una entrevista radial que el gobierno tiene bajo estudio una propuesta de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para estimular la inversión privada en construcción como parte de un programa de reactivación de la
economía.
En declaraciones radiales, Kulfas admitió que la propuesta de un nuevo blanqueo de capitales es factible. «Es una propuesta que han hecho y va a ser analizada. El sector viene de tres años de mal desempeño, con reducción de los niveles de empleo y actividad desde 2018 y con una pandemia que paralizó muchos proyectos. Es un sector importante para el crecimiento post-pandemia», señaló el funcionario, que luego reafirmó que «sí», que el proyecto está bajo estudio.
La Camarco le adelantó al presidente Alberto Fernández sus ideas al respecto y luego presentó un documento al propio Kulfas.
El plan de la Cámara incluye tres etapas, a instrumentarse entre el tercer trimestre de este año y el 2021 para «sostener la producción, reactivar y crecer» y precisa que en el último año el sector perdió 150.000 empleos directos, equivalente a una caída del 40%. El argumento de «venta» de la propuesta es que «la construcción privada es el 70 % de la actividad del sector construcción y requiere poco aporte estatal, pero requiere incentivos para recomponer la atracción al inversor».
En una primera etapa la propuesta incluye la activación de préstamos de emergencia y del régimen de exenciones impositivas incluido en el propuesto 2019 (el último de la gestión macrista) y luego la creación de un «vehículo de inversión» y el impulso al crédito hipotecario.
Y en una tercera etapa, hacia el final de 2020 y el inicio de 2021, la Camarco propuso un procedimiento de «exteriorización» de activos para invertir en obras nuevas y en construcción.
Básicamente, se trataría de un «blanqueo para desarrolladores inmobiliarios», presentado bajo el ropaje de un «combate contra la economía informal», muy habitual en el sector.
En esa etapa, dicen en la Cámara, también sería necesaria una «Ley de Vivienda» que incentive la inversión en viviendas para venta, alquiler o leasing para sectores medios y que difiera el pago del Impuesto a las Ganancias sobre el aporte del terreno.
Blanqueo de capitales: la voz de los expertos
«El sistema tributario argentino está enfermo y para sanarlo es necesario una reforma tributaria que haga más atractiva la inversión en la Argentina», señaló en declaraciones radiales, César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.
«Cuando la presión fiscal es muy alta y el que evade impuestos tiene un premio importante, la rutina periódica de la vida económica va generando un monto que circula en negro. Ante esta situación el gobierno genera la posibilidad de que el dinero no declarado reactive la actividad económica», agregó Litvin.
«Un blanqueo va a permitir motivar la economía, generar mayor actividad económica. Pero le encuentro un contrasentido, como el impuesto a las grandes fortunas. Hay un cortocircuito allí», advirtió el reconocido tributarista.
«El blanqueo de capitales como medida única no serviría si no viene acompañado por una reforma tributaria que haga más atractiva la
inversión en la Argentina», agregó Litvin
«Los blanqueos de capitales denotan que el sistema tributario argentino está enfermo. El sistema tributario uruguayo es mucho más simple y tiene muchos menos tributos que en Argentina», concluyó el experto.
En tanto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados señaló que «existen demasiados indicios que nos hacen presumir que, ante la presión impositiva récord, los desdoblamientos cambiarios, y el cambio de gobierno, gran parte de la masa gravable de recursos se encuentran escondidos y deben ser sincerados para luego bajar de una buena vez la carga impositiva global, incentivar a las economías estratégicas y encarar una nueva etapa post COVID-19 con un esquema más equitativo, integrado y transparente».
Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ señaló a iProfesional que «Los blanqueos y amnistías fiscales, además de ser odiosos para quienes cumplen sus deberes tributarios, son herramientas útiles a las cuales pueden acudir los gobiernos, particularmente luego de épocas de crisis».
«Sirven para sincerar la economía, pero si no se atacan las causas por las que los capitales salen del circuito formal, habrá que recurrir a futuros y sucesivos blanqueos y moratorias cada 4 años, como más o menos viene ocurriendo en nuestro país», agregó Fraga.
«En el caso del blanqueo que está anunciando el gobierno, para poder estimar si va a ser o no exitoso (más allá de la utilidad para algunos sujetos puntuales), deberán analizarse unos cuantos factores. Las políticas tributarias que sucedieron al anterior blanqueo (impuesto a la renta financiera, aumentos sucesivos del impuesto sobre los bienes personales, posible creación de un nuevo impuesto a la riqueza, abandono del Consenso Fiscal), al romper en poco tiempo la seguridad jurídica de muchos contribuyentes, seguramente incidirán negativamente en la decisión de eventuales interesados en sincerar su situación», detalló Fraga.
«Por otro lado, habrá que ver los detalles de la reforma impositiva que se proyecta, si realmente apunta a generar verdaderas condiciones de inversión o únicamente va a incrementar la carga fiscal para mantener o incrementar el gasto público insostenible. El problema es que para generar tales condiciones que necesitan los inversores debería hacerse una profunda reforma en todos los niveles del Estado, transformar verdaderamente la economía para que despegue el sector privado. Por ahora no pareciera que se vaya a adoptar ese camino, ya que las políticas del actual gobierno parecen encaminadas hacia un dirigismo estatal cada vez mayor», concluyó Fraga.
Moratoria fiscal: proyecto de ley
La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados de la Nación, amplía el alcance de la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para incluir a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia del Covid-19.
Y forma parte de los diferentes instrumentos diseñados por el Gobierno Nacional con el objetivo de ofrecer alivio financiero a las familias, comercios, pymes y empresas.
En ese sentido, el titular de la cartera de Producción, Matías Kulfas, señaló que el envío de este proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, tiene como fin que «las empresas puedan salir de esta crisis con una menor carga, para que cuando termine esta pandemia estén reestructuradas sus deudas y así crecer de manera sólida, con una economía en crecimiento a través del trabajo de todos los argentinos».
Por su parte, Mercedes Marcó del Pont, destacó que «los problemas que arrastraban las las empresas, los comercios y las familias se extendieron a todo el entramado productivo con la irrupción del COVID-19″.
Asimismo, agregó que el objetivo es «extender a todos los contribuyentes el alcance de la moratoria de la Ley de Solidaridad y Reactivación que estaba focalizada en el sector que acumulaba mayor cantidad de deuda y condicionantes en materia de financiamiento».
Moratoria 2020: principales características
- Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
- Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020
- Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020
- Primera cuota vence el 16 de noviembre
- Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.
- Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.
- Condonación parcial de intereses y total de multas.
- Tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).
- Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).
- Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.
Fuente: iprofesional
