En una sesión extensa, en la que los diputados trataron además una batería de otros proyectos, la Cámara baja ratificó los cambios que introdujo el Senado de la Nación.
Tras numerosas idas y vueltas, la Cámara de Diputados convirtió en ley ayer el nuevo régimen de Impuesto a los Bienes Personales, que entrará en vigencia en 2019. Ratificó así los cambios que había incluido el Senado, para eximir del tributo a las viviendas únicas de hasta $ 18 millones, que en la versión original de la Cámara baja estaban alcanzadas por el gravamen.
El mínimo no imponible para los Bienes Personales subirá el año próximo de los $ 1.050.000 actuales a los $ 2.000.000. Encima de ese valor y hasta $ 5 millones de patrimonio, el contribuyente pagará una alícuota del 0,25%.
Para patrimonios de entre $ 5 millones y $ 20 millones, la alícuota será del 0,50%. Y para más de $ 20 millones de pesos, del 0,75%. Además de las viviendas únicas de hasta $ 18 millones habrá otra exención: los inmuebles rurales no pagarán según la escala sino que, cualquiera sea su valor, sólo quedarán gravados con el 0,25%.
Con las nuevas alícuotas, el Gobierno estima que recaudará entre $ 30.000 millones y $ 35.000 millones anuales extra, de los que cobraría en 2019 un 65%. Como es un impuesto coparticipable, el 60% de la recaudación irá a las provincias (y junto a la suba o el freno en la baja de otros impuestos coparticipables funcionará como compensación principal por la transferencia de los subsidios al transporte y de la tarifa social de la energía eléctrica y la eliminación del llamado fondo sojero). Para destrabar la negociación del Presupuesto 2019, además, la Nación aceptó destinar parte del 40% restante (que calcula entre $ 8.000 millones y $ 10.000 millones) a complementar eventuales faltantes para el transporte.
Por eso, al momento de defender la sanción, el presidente de la comisión de Presupuesto, el diputado de Cambiemos Luciano Laspina, enfatizó que la iniciativa «se inscribe en el marco de una negociación entre el gobierno nacional y las provincias para compensar algunos de los gastos de los que se harán cargo las provincias en materia de subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica».
La ley consiguió 125 votos a favor, aportados por Cambiemos y la mayoría del interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores peronistas.
Los 65 votos en contra fueron del kirchnerismo; Red por Argentina, el bloque de Felipe Solá y el Movimiento Evita; el Frente de Izquierda; el aliado oficialista, el salteño Alfredo Olmedo, y el mendocino José Luis Ramón.
Mientras que las 27 abstenciones correspondieron al Frente Renovador; al bloque Evolución, de Martín Lousteau; los peronistas puntanos; y a un puñado de diputados que se separaron de sus bancadas por goteo: Diego Bossio, Eduardo «Bali» Bucca y Javier David, de Argentina Federal; Luis Contigiani (Frente Progresista); Ana Llanos (PJ-Frente para la Victoria); y Javier Campos (Coalición Cívica). Este último es el único que mantuvo su abstención original. El resto había votado en contra del proyecto la primera vez que pasó por Diputados.
El kirchnerismo insistió en que el impuesto golpeará sobre la clase media. La diputada Fernanda Vallejos, economista, habló por ello de «ensañamiento» de la política económica oficial con la clase media trabajadora. «La familia del presidente (Mauricio) Macri, los Blanco Villegas, tienen 25.000 hectáreas en Tandil. No van a pagar Bienes Personales, y un trabajador que tiene $ 2 millones sí va a pagar. ¿Cuál es el criterio de justicia detrás de este parche?», cuestionó.
Daniel Arroyo, de Red por Argentina, coincidió. «Esto aumenta la presión impositiva para hacer que más personas en la Argentina paguen este impuesto. Este no es el camino», avisó.
Fuente: El Cronista
